"La oficina de Tutela Legal fue desnaturalizada
por las personas que la conformaron últimamente, llegando a manifestarse
notorias y evidentes irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en
perjuicio de los intereses de las víctimas, prevaleciendo sobre estos el interés
meramente particular.
En ese mismo contexto, la Iglesia inició un
proceso investigativo, mediante el cual fueron confirmadas tales
irregularidades, exigiendo esta situación una repuesta acorde al espíritu de
los objetivos que impulsaron a Mons. Rivera Damas, en el año 1982, a crear la
oficina de Tutela Legal como defensora y promotora de los derechos humanos de
las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, cabe aclarar, que no
corresponde en este momento dar amplias explicaciones de las irregularidades
mencionadas, ya que eso, en primer lugar, pudiera entorpecer los procesos o
procedimientos jurídicos que esta arquidiócesis interpondrá en caso de ser
necesario.
No se trata de hacer señalamientos de forma
directa y pública, pues serán las entidades encargadas, si se iniciaran los
procesos, las que emitirían las resoluciones que correspondan y determinarían
las consecuencias que deriven de dichas acciones para los que resulten
responsables.
Es necesario ampliar el hecho de que la arquidiócesis,
en su carácter de empleador, y más allá de cumplir con todas las obligaciones
laborales, determinó, de manera condescendiente, proporcionar todas las
prestaciones que hasta el treinta de septiembre del año en curso correspondían
a los trabajadores que se desempeñaban en dicha oficina y todos, de manera
voluntaria, dieron lectura a sus correspondientes finiquitos, manifestando con
su firma el darse por satisfechos de las
prestaciones laborales en los periodos durante los cuales laboraron…"
(Fuente: La Prensa Gráfica).
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