Comunicamos al pueblo de El Salvador que después de escribir, como Junta de
Directores de la UCA, una carta al arzobispo, José Luis Escobar Alas,
transmitiéndole nuestras apreciaciones, valoraciones e interrogantes sobre el
cierre de Tutela Legal, y de informarnos ampliamente sobre sus motivos en una
conversación, nos hemos reunido también con algunos de los miembros despedidos
de la instancia y hemos escuchado su parecer sobre los hechos. Hemos leído,
asimismo, tanto los comunicados del Arzobispado como los emitidos por los
empleados despedidos. Con base en estas acciones, hemos decidido pronunciarnos
públicamente. Lo hacemos por respeto al pueblo al que nos debemos desde el
comienzo de nuestro caminar como universidad de inspiración cristiana y movidos
por un gran amor a la Iglesia y a los salvadoreños.
1. La disolución de Tutela Legal nos ha
extrañado y dolido profundamente. A lo largo de muchos años, hemos sido
testigos de su meritorio trabajo al servicio de los más pobres y en defensa de
las víctimas. A través de esta oficina, la Iglesia arquidiocesana ha velado por
los derechos humanos y ha procurado asistencia legal, defendiendo las justas
causas de los salvadoreños. De ese modo ha cumplido con el principal deber
cristiano de estar al lado de los pobres, proteger a los desvalidos y
esforzarse por defenderlos de la injusticia.
2. Efectivamente, la Oficina de Tutela
Legal ha sido un notable símbolo de compasión y misericordia, de opción por el
pobre y por la justicia por parte de la Arquidiócesis de San Salvador, desde
que fue fundada por monseñor Arturo Rivera y Damas en 1982, prosiguiendo la
labor que monseñor Romero inició con Socorro Jurídico. No podemos dejar de
reconocer el gran empeño que puso también en la Oficina María Julia Hernández,
y la proyección internacional que adquirió bajo su dirección, precisamente por
ser símbolo de la defensa de las víctimas en casos de gran relevancia, como la
investigación sobre la horrible masacre de El Mozote, que fue llevada hasta la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello, la Iglesia en El Salvador
se hizo acreedora de credibilidad evangélica.
3. Sigue siendo crucial para la Iglesia
católica y para El Salvador mantener la tradición de algunos de sus grandes
pastores: monseñor Luis Chávez, monseñor Óscar Romero y monseñor Arturo Rivera
Damas. Es un deber cristiano seguir brindando al pueblo salvadoreño un corazón
compasivo, conmovido entrañablemente, como el de Jesús de Nazaret, frente a las
víctimas de toda clase de injusticia. Hoy, como ayer, nos urge la palabra del
mismo Jesús: “Misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 12, 7). Por ello, vemos
absolutamente necesario que nuestra Iglesia mantenga la preocupación activa por
la justicia, tal y como lo ha hecho a través de Socorro Jurídico, Justicia y
Paz, y Tutela Legal. Sin este símbolo, activo entre el pueblo, se pierde un
testimonio valioso de lo que significa pastorear la Iglesia.
4. Indudablemente, aún no se han saldado
satisfactoriamente las consecuencias de los crímenes cometidos en el tiempo de
la guerra, y es humano, y por ello cristiano, darles seguimiento. Siempre
denunciamos la promulgación de la ley de amnistía de 1993, que ha impedido
llevar a los tribunales tantos crímenes de guerra y contra la humanidad, o
buscar formas auténticas de justicia transicional. Por tanto, hay un gran
trabajo por hacer al lado de este pueblo que fue injustamente humillado y
violentado. A nuestro juicio, no se pueden abandonar los casos que Tutela Legal
ha presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuyas
resoluciones todavía no han sido cumplidas por el Gobierno de El Salvador,
especialmente la que sobre la masacre de El Mozote ha recibido ya sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. A pesar de que la postura del Estado
salvadoreño ante los derechos humanos ha cambiado desde 1992, sigue siendo
necesario velar por la defensa de los mismos, en especial de cara a la
población más vulnerable. Si bien es verdad, como ha expresado el Arzobispo,
que la Iglesia, además de preocuparse por las terribles secuelas de la guerra,
necesita ocuparse de los derechos económicos, sociales y culturales de las
víctimas de la violencia juvenil y, sobre todo, de la que causan el
narcotráfico y otras actividades ilícitas, por la situación de los presos, por
el flagelo de los desaparecidos y por la preservación y cuido delicado del
medioambiente (que algunos pueblos originarios evocan como “madre tierra”), no
por ello deja de ser necesario que Tutela Legal continúe ocupándose de ello. Ya
lo estaba haciendo en el sonado caso de Baterías Record y en otros.
6. La Junta de Directores de la UCA piensa
que el notable eco que esta decisión, no consultada con el conjunto del pueblo
de Dios, ha despertado en amplios círculos de las Iglesias y de la ciudadanía,
así como internacionalmente, recomendaría una reconsideración profunda. Los
errores o deficiencias en una institución de la Iglesia sugieren no pocas veces
su corrección en lugar de la supresión de la instancia. Lejos de perder
credibilidad, la Iglesia crece cuando una autoridad es capaz de repensar,
revalorar y, dado el caso, modificar una decisión importante. De cualquier
manera, sentimos que es cristiana y eclesialmente valioso abrir todo este
asunto tan doloroso a consulta amplia de tantas personas que desean que nuestra
Iglesia no abandone, ni dé ocasión para que se piense que abandona, a las
víctimas de la guerra y a sus familias, y siga esforzándose por defender los
derechos humanos y la dignidad del pueblo, especialmente de los más
vulnerables, empobrecidos y victimados.
7. En todo caso, es necesario que el
Arzobispado garantice que se conservará y reactivará el Archivo Monseñor Arturo
Rivera Damas de Tutela Legal, para que esté al servicio de la memoria histórica
y de las posibles alternativas de justicia que puedan impulsarse en nuestro
país. Muchos de los documentos que allí se guardan son el resultado de
laboriosas investigaciones, de la valiente decisión de las víctimas de hablar,
y tendrían el valor de indicios de pruebas de responsabilidad si se abrieran
procesos judiciales.
8. Existe, además, un problema muy serio.
En la conferencia de prensa que el Arzobispo dio el viernes 4 de octubre, acusó
a los antiguos empleados de Tutela Legal de “irregularidades” financieras y
administrativas en su trabajo. Pero se abstuvo de mencionar nombres y
situaciones concretas, lo cual arrojó una sombra sobre todo el grupo, que no
tuvo oportunidad de defenderse en ese momento. De hecho, las personas acusadas
de un delito o de una conducta irregular en el desempeño de su oficio son
inocentes mientras no se pruebe lo contrario. El 6 de octubre, los acusados
emitieron un comunicado en el que dicen lo siguiente: “La labor de Tutela se
basaba en proyectos sociales avalados por el señor Arzobispo, contando con
constantes auditorías internas y externas puestas por los mismos cooperantes y
la administración del Arzobispado, y […] en ningún momento señalaron resultados
negativos. Las cuentas de los fondos de cada proyecto están a nombre de la
Arquidiócesis, y para retirar cualquier fondo se requería la firma mancomunada
de dos monseñores que estaban debidamente autorizados por el señor Arzobispo.
Ninguno del equipo de Tutela Legal, incluyendo al director, tenía autorización
de firma para retirar fondos”.
9. Finalmente, pensamos que es muy difícil
aceptar que el pastor no dé lugar a que las personas que trabajan a su lado
desde hace años, en una labor también pastoral, reciban personalmente de él sus
preocupaciones, sus decisiones y los motivos de estas. La Iglesia necesita en
sus autoridades formas dialogantes de actuar para evitar el riesgo de reflejar
modelos autoritarios impropios del seguimiento de Jesucristo.
Como ha afirmado el papa Francisco desde el inicio de su gobierno, es
crucial “una Iglesia pobre y para los pobres”, y, evidentemente, con los pobres.
Ello requiere de signos de parte de todos los sectores del pueblo de Dios, que
manifiesten y hagan realidad este deseo, arriesgando el conflicto que puede
sobrevenir, como le ocurrió a Jesús de Nazaret en su propia vida. Por ello,
animamos a monseñor José Luis Escobar Alas a que en el caso de Tutela Legal
ponga un claro signo de ese compromiso con los pobres desde su oficio de
pastor.
San Salvador, 17 de octubre de 2013
