Fuente: Periódico El País.
El papa Benedicto XVI ha lamentado durante su reciente viaje al Reino Unido que la Iglesia no haya sido "suficientemente vigilante, veloz y decidida" para atajar los numerosos casos de abusos sexuales de menores por parte de miembros de clero. Bienvenido sea ese reconocimiento, aunque llegue demasiado tarde y ya no tenga efecto alguno sobre unos hechos abominables que han dejado un reguero de víctimas inocentes y de familias destrozadas.
Lo que cabría esperar de la Iglesia es que esa falta de contundencia fuera cosa del pasado y que no se perpetuara en el presente: admitiendo que los abusos sexuales de menores no son simples errores o pecados que la Iglesia puede perdonar sino graves delitos que deben ser perseguidos por la justicia y cuyos autores merecen ser castigados. Solo desde esa perspectiva puede confiarse en que su promesa de que "en el futuro seremos más sinceros y transparentes" va más allá de la retórica.
En el escándalo de pederastia que afecta a la Iglesia belga, como antes a la de Estados Unidos e Irlanda, la actitud de la jerarquía católica ha sido su encubrimiento sistemático y, cuando ha sido imposible su ocultamiento, la estrategia ha consistido en excusar este tipo de conductas y despojarlas de su gravísima dimensión delictiva. Se trata de la misma jerarquía que clama contra el relativismo moral que, a su juicio, caracteriza a la sociedad moderna y que, entre otros males, provoca la destrucción de la familia. Pero, ¿qué mayor relativismo moral que el de la Iglesia católica, restando gravedad a los abusos sexuales a menores en su seno y qué mayor destrucción de la familia que la agresión sexual a sus miembros más débiles? Ese relativismo moral explica la actitud ambigua de la Iglesia belga ante los padecimientos infligidos durante décadas por decenas de religiosos a cientos de niños y adolescentes en parroquias, centros educativos e instituciones de acogida: un vago mea culpa que no es ni siquiera una condena moral y que queda lejos de la justicia y de la reparación debidas a las víctimas y a la sociedad.
Los abusos sexuales de menores son delitos comunes perseguibles ante los tribunales de justicia y frente a los que no caben jurisdicciones canónicas ni inmunidades vaticanas. La justicia belga ha decidido investigar y lo que se espera de la jerarquía católica es que colabore en la investigación del delito y la identificación de los autores. Con todas las garantías de la ley, pero sin privilegios ni componendas.
Lo que cabría esperar de la Iglesia es que esa falta de contundencia fuera cosa del pasado y que no se perpetuara en el presente: admitiendo que los abusos sexuales de menores no son simples errores o pecados que la Iglesia puede perdonar sino graves delitos que deben ser perseguidos por la justicia y cuyos autores merecen ser castigados. Solo desde esa perspectiva puede confiarse en que su promesa de que "en el futuro seremos más sinceros y transparentes" va más allá de la retórica.
En el escándalo de pederastia que afecta a la Iglesia belga, como antes a la de Estados Unidos e Irlanda, la actitud de la jerarquía católica ha sido su encubrimiento sistemático y, cuando ha sido imposible su ocultamiento, la estrategia ha consistido en excusar este tipo de conductas y despojarlas de su gravísima dimensión delictiva. Se trata de la misma jerarquía que clama contra el relativismo moral que, a su juicio, caracteriza a la sociedad moderna y que, entre otros males, provoca la destrucción de la familia. Pero, ¿qué mayor relativismo moral que el de la Iglesia católica, restando gravedad a los abusos sexuales a menores en su seno y qué mayor destrucción de la familia que la agresión sexual a sus miembros más débiles? Ese relativismo moral explica la actitud ambigua de la Iglesia belga ante los padecimientos infligidos durante décadas por decenas de religiosos a cientos de niños y adolescentes en parroquias, centros educativos e instituciones de acogida: un vago mea culpa que no es ni siquiera una condena moral y que queda lejos de la justicia y de la reparación debidas a las víctimas y a la sociedad.
Los abusos sexuales de menores son delitos comunes perseguibles ante los tribunales de justicia y frente a los que no caben jurisdicciones canónicas ni inmunidades vaticanas. La justicia belga ha decidido investigar y lo que se espera de la jerarquía católica es que colabore en la investigación del delito y la identificación de los autores. Con todas las garantías de la ley, pero sin privilegios ni componendas.
